Categorías

Descripción de las categorías

  1. Consulta y Participación Ciudadana

    Esta categoría incluye todas las experiencias que demuestran esfuerzos por recoger la voz ciudadana y canalizarla hacia acciones que contribuyan a mejorar la gestión y monitoreo de los servicios que brinda la entidad. Es decir, iniciativas que demuestren interés y efectividad en que la ciudadanía participe, colabore y sea parte activa de la gestión institucional. Dichas iniciativas incluyen la incorporación de medidas para incentivar, motivar y facilitar esta participación, así como la organización de diversas actividades como talleres, audiencias, consultas públicas, entre otras, que acerquen el Estado al ciudadano y garanticen que su voz sea escuchada.

  2. Cooperación Público - Privada

    Esta categoría refiere a la implementación de programas y proyectos en los cuales el sector público y el sector privado suman esfuerzos en pos de un objetivo común que beneficia a la ciudadanía. Gracias a estas alianzas, las organizaciones comparten responsabilidades, recursos económicos, expertos y/o conocimiento, a fin de que el impacto de sus acciones genere mayor bienestar y desarrollo económico que si actuasen de manera individual o aislada. Esta categoría no comprende donaciones ni relaciones de tipo vertical, es decir, relaciones en donde la empresa es obligada a colaborar a cambio de una licencia social. Es importante mencionar los esfuerzos de alguno de los actores, público o privado, por llegar al otro y convencerlo de invertir esfuerzos en beneficio de la ciudadanía, así como la división de roles y recursos que se acordaron para llevar a cabo la iniciativa.

  3. Cooperación Público - Pública

    Cooperación Público Pública refiere a la implementación de programas y proyectos en los cuales las entidades del sector público, provenientes de los distintos poderes del Estado y a distintos niveles de gobierno (nacional, regional o local) suman esfuerzos en pos de un objetivo común que beneficia a la ciudadanía. Gracias a estas alianzas, las entidades públicas comparten responsabilidades, recursos económicos, expertos y/o conocimiento, a fin de que el impacto de sus acciones genere mayor bienestar y desarrollo económico que si actuasen de manera individual o aislada.

  4. Educación

    Esta categoría incluye iniciativas orientadas a fortalecer el proceso de formación y aprendizaje, mediante la implementación de mecanismos, programas y/o proyectos orientados a mejorar la educabilidad de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, así como a potenciar la educatividad de los maestros y facilitadores. Dichas experiencias incluyen propuestas innovadoras de aprendizaje, inclusión de otros sectores y actores en el proceso educativo, mejoras en la gestión pedagógica, promoción de valores y hábitos para una vida saludable, participación activa de los educandos, que se hayan dado, tanto al interior de  aulas de educación básica, secundaria o superior, como en otros espacios importantes para el desarrollo social, cultural y cívico de la persona.

  5. Eficiencia en Adquisiciones y Contrataciones

    Esta categoría reconoce a todas aquellas iniciativas que contribuyen a que la entidad cuente con mejoras en sus procesos de provisión de bienes y servicios de terceros que generen mayor transparencia, oportunidad y reducción de costos, a la par que mantengan o superen la calidad de los bienes y servicios adquiridos. Dichas iniciativas se refieren a  procesos que facilitan una leal y honesta competencia en el mercado de proveedores del Estado; ello supone la sistematización de procesos, tanto para el abastecimiento y adquisición de bienes y servicios, como para la convocatoria, selección y evaluación de las propuestas, de acuerdo a los requerimientos de la institución.

  6. Fiscalización y Cumplimiento de la Ley

    Esta categoría se refiere a iniciativas que implican mejoras en la gestión en uno o varios procesos específicos de la entidad que contribuyan al incremento de la formalidad, legalidad, conocimiento y exigencia de deberes y derechos, así como respeto a las normas por parte de la ciudadanía, tanto a nivel de personas naturales como jurídicas. Dichas iniciativas incluyen los esfuerzos que realiza la institución, de manera individual o a través de convenios con organismos públicos o privados, con la finalidad de hacer más eficiente la fiscalización y cumplimiento de la ley, según su competencia y ámbito de intervención.

  7. Gestión Ambiental Efectiva

    Esta categoría abarca iniciativas que muestren prevención o reducción del impacto negativo de la actividad humana en el ambiente, experiencias que muestren un manejo adecuado de los ecosistemas de nuestro país, manejo y prevención de desastres naturales, así como  prácticas de gestión pública que contribuyan a la protección ambiental, a la conservación de recursos y, gracias a ello, al bienestar ciudadano. Dichas iniciativas pueden ser acciones relacionadas con el ejercicio de las funciones políticas, normativas, promotoras, informativas, fiscalizadoras o sancionadoras, como también aquellas cuyo objetivo sea el mejoramiento de las prácticas ambientales internas de la misma entidad.

  8. Incidencia Pública

    Esta categoría se refiere a  experiencias orientadas a lograr el consenso ciudadano necesario para poder modificar uno o varios aspectos del marco institucional vigente, así como para promover el cumplimiento de este. Dichas iniciativas incluyen campañas o programas de sensibilización dirigidas al conjunto o sector de la población al que se desea beneficiar; puede darse en la fase inicial, intermedia o final de una reforma estructural de gran impacto económico y social en el largo plazo en cualquiera de los sectores estatales, en la que los procesos optimicen la implementación de políticas públicas para que éstas a su vez mejoren el entorno económico y social de los ciudadanos y ciudadanas.

  9. Inclusión Social

    Esta categoría se refiere a actividades orientadas a mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables o cuyos derechos básicos han sido vulnerados, buscan reducir las brechas actuales en cobertura y calidad de servicios públicos, así como a aquellas iniciativas que trabajan para el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan la inclusión social de dichos grupos. Estas iniciativas incluyen acciones que demuestren una mayor conciencia y responsabilidad de diversas instituciones públicas en beneficio de dichos grupos, aun cuando no trabajen directamente con los mismos. Estas iniciativas incluyen el desarrollo de prácticas que planteen la protección, desarrollo, participación e involucramiento de grupos vulnerables, en particular, niñas, niños y adolescentes mujeres, ancianos y personas con discapacidad en condición de exclusión y pobreza extrema, en los espacios de toma de decisiones. Asimismo, experiencias que incorporen la protección y promoción de los derechos humanos, con especial énfasis en el derecho a la supervivencia; el desarrollo pleno; la reducción de la mortalidad materno infantil; el acceso universal a la educación básica de calidad; la equidad de género; la protección contra las influencias peligrosas, contra el maltrato y la explotación; a la participación en la vida familiar, cultural y social, entre otros.

  10. Nutrición Materno-Infantil

    Esta categoría reconoce las experiencias que buscan asegurar condiciones básicas que contribuyan a la alimentación y bienestar nutricional de una población determinada, a fin de contribuir a la salud, desarrollo y crecimiento de todos los niños y niñas de nuestro país. En ese sentido, dichas iniciativas deben buscar eliminar alguno de los determinantes de la desnutrición materno-infantil: dieta pobre en calidad y cantidad, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias y la incidencia de bajo peso al nacer y promover los buenos hábitos de alimentación e higiene.

  11. Predictibilidad de los Procesos Regulatorios

    Esta categoría se refiere al desarrollo y promoción de mecanismos esenciales para que empresas y ciudadanos en general puedan planificar su futuro y tener la certeza de que sus decisiones de consumo e inversión no serán amenazadas por cambios inesperados en el ambiente regulatorio. Estos mecanismos ayudan a mantener estabilidad en la regulación y fiscalización de empresas y ciudadanos; ello implica, por ejemplo, tener marcos regulatorios claramente definidos, asegurar la provisión de información adecuada, ser transparente con la comunicación y contar con cronogramas. La predictibilidad es especialmente relevante en el caso de la regulación de servicios públicos, pero debe ser promovida tanto por los organismos públicos reguladores, como por las demás entidades del Estado encargadas de formular políticas en mercados caracterizados por externalidades o bienes públicos, tales como los relacionados al medio ambiente, competencia, seguridad industrial y ciudadana, sanidad, y bienestar social.

  12. Promoción de la Cultura e Identidad

    Esta categoría reconoce los esfuerzos  por propiciar la creación, asegurar el acceso y facilitar procesos de democratización de la cultura, la reafirmación  los valores culturales de las comunidades locales, regionales y nacionales, la generación de oportunidades de desarrollo y construcción de ciudadanía,  así como la conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural de nuestro país. En ese sentido, dichas iniciativas incluyen la implementación de medidas, servicios, actividades y/o estrategias que contribuyan al desarrollo cultural de las comunidades, el establecimiento de  condiciones, mecanismos, y herramientas para su uso social y económico,  elevando de esta forma la calidad de vida de las mismas.

  13. Promoción del Desarrollo Económico

    Esta categoría reúne  aquellas acciones que realizan entidades públicas para crear las condiciones necesarias para facilitar la iniciativa privada, el acceso a los mercados y el desarrollo sostenible de la comunidad bajo el alcance de la entidad postulante. En ese sentido, la promoción del desarrollo económico incluye la implementación de medidas, servicios, actividades y/o estrategias que contribuyan al desarrollo sostenible de la comunidad, la generación de capacidades, la articulación con otros actores y mercados, haciendo más competitiva la zona de incidencia de la institución.

  14. Relación con la Prensa

    Esta categoría incluye todos los esfuerzos que realizan las entidades públicas para  mantener una relación transparente y eficiente con los medios de comunicación, entendiendo que es una forma complementaria, pero fundamental, de acercarse, informar e involucrar eficientemente a la ciudadanía para servirla cada vez mejor. Esta adecuada relación, entre periodistas y entidades públicas, supone la construcción de un vínculo de calidad que esté caracterizado por el respeto y equidad, la transparencia y honestidad, la eficiencia y cordialidad, y pluralidad y servicio.

  15. Seguridad Ciudadana

    Esta categoría reúne los esfuerzos realizados por entidades públicas para asegurar que los ciudadanos y ciudadanas puedan convivir de manera pacífica, se encuentren libres de todo tipo de violencia o intentos de violencia, así como evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. Dichas iniciativas  incluyen la implementación de programas, medidas, actividades y estrategias creativas para la prevención y/o solución de problemas de inseguridad ciudadana ya desatados, así como la articulación con diferentes actores de la sociedad y la promoción de la participación e involucramiento de forma ordenada de la población.

  16. Seguridad Vial y Transporte Sostenible

    Esta categoría  comprende todas las actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población, a través de mecanismos que faciliten la movilidad eficiente y segura de los ciudadanos, y conserven el medio ambiente. Dichas iniciativas incluyen el mejoramiento de la infraestructura vial, la reorganización del transporte público y privado, el impulso de medios de transporte no contaminantes como caminar o usar la bicicleta, la introducción de medidas de tráfico calmado, el mejoramiento de los sistemas de control del tráfico, así como acciones de sensibilización y de educación vial, e involucramiento de la ciudadanía en estos procesos.

  17. Servicio de Atención al Ciudadano

    Esta categoría se refiere a las políticas, acciones y sistemas que una institución implementa para entablar la mejor relación posible con la ciudadanía, buscando garantizar la calidad de la información brindada y del trato ofrecido, así como para llevar a cabo el servicio solicitado con la mayor fluidez, velocidad, eficiencia, cordialidad y efectividad posible. Ello supone la implementación de diversos canales de atención personalizada o plataformas de atención al ciudadano (ventanillas de atención presencial, oficinas descentralizadas en proporción al territorio, atención no presencial telefónica, electrónica o a través de redes sociales, entre otros), así como mecanismos que permitan lograr que la ciudadanía sea atendida en el mínimo tiempo posible, que los pedidos y consultas se resuelvan teniendo en cuenta quien las solicita, que se les trate con amabilidad y que, en general, la cultura de la institución esté orientada a facilitarle el proceso al ciudadano.

  18. Servicio de Atención al Ciudadano en Empresas Privadas que administran bienes públicos

    Esta categoría se refiere a las medidas que implementan las empresas privadas que administran bienes y servicios públicos para garantizar que el ciudadano que hace uso de ellos reciba una atención de calidad que vaya mejorando y superando sus propios estándares con el tiempo. Ello supone brindarles el servicio de acuerdo a lo que se le ha ofrecido y que sea atendido en el mínimo tiempo posible. Dichas iniciativas incluyen aquellas innovaciones realizadas a través de canales de atención presencial, no presencial, redes sociales y experiencias que prioricen la inclusión de grupos y personas vulnerables que no se encuentren en igualdad de oportunidades para acceder al servicio de atención.

  19. Simplificación de Trámites

    Esta categoría comprende todo esfuerzo que realice una institución pública para que en sus centros de atención, las personas – naturales y jurídicas– puedan efectuar de forma sencilla, amigable y rápida, los trámites necesarios para continuar con su quehacer diario. Ello supone proporcionar información de útil y de calidad para el ciudadano, así como la reducción de las principales variables que afectan al ciudadano y al funcionario al momento de gestionar un trámite: número de pasos, costos, requisitos y plazos. Adicionalmente, dichas iniciativas deberán cuidar que el procedimiento no solo sea eficiente, sino que sea consistente con el marco legal vigente y se pueda realizar, según las capacidades y recursos de la institución.

  20. Sistemas de Gestión Interna

    Esta categoría se refiere a la implementación de sistemas de gestión que busquen mejorar o incrementar la eficiencia interna de la institución en beneficio del ciudadano. Ello supone, el desarrollo de prácticas o la utilización de herramientas que, a nivel administrativo, financiero, laboral, tecnológico o comunicacional, satisfagan los requerimientos de un “cliente interno” y/o mejoren la gestión de uno o varios procesos específicos de la entidad, para que ésta pueda cumplir mejor su misión de servir a la ciudadanía.

  21. Transparencia y Acceso a la Información

    Esta categoría comprende toda práctica que contribuya a un mayor y mejor acercamiento entre una institución pública y los ciudadanos, através de una mayor transparencia, difusión, acceso, uso y re uso de la información estatal. Ello implica desarrollar actividades que aseguren que el ciudadano cuente con información de calidad, completa y oportuna, fácilmente accesible y entendible sobre la actividad que realiza la institución, así como una estructura de responsabilidades clara. Asimismo, debe incluir mecanismos de actualización constante, así como con mecanismos ágiles y efectivos de interrelación e interpelación para contribuir a una efectiva rendición de cuentas y comunicación eficaz entre el ciudadano y la administración pública.

  22. Otras Mejoras en la Gestión Pública

    En esta categoría podrán postular las instituciones que consideren que sus prácticas no se ajustan a la descripción de alguna de las veinte categorías anteriormente descritas y no sepan en cuál de ellas participar. De esta forma, solicitan al Equipo Técnico, que tras analizar los expedientes, decida en qué categoría de las ya existentes debe ser ubicada.

  23. Premio Especial: Datos Abiertos

    Datos abiertos en la gestión pública a aquellos datos que son producidos por las entidades de la administración pública en el ejercicio de su función, que son puestos a disposición de los ciudadanos en forma gratuita y en un formato que puede ser procesado por una máquina, sin limitaciones de derechos de propiedad intelectual, pero resguardando la atribución y autenticidad del dato. Dichos datos pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona con el fin de generar valor y bienestar en la sociedad.

  24. Premio Especial: Gestión Municipal contra la Anemia y Desnutrición en la Primera Infancia

    Se refiere a aquellas prácticas llevadas a cabo por los gobiernos municipales de manera articulada, orientados a disminuir la anemia y desnutrición en la primera infancia.

 

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