Categorías

  1. Categoría Compras Públicas Eficientes
  2. Categoría Consulta y Participación Ciudadana
  3. Categoría Cooperación Público - Privada
  4. Categoría Cooperación Público - Publica
  5. Categoría Educación
  6. Categoría Fiscalización y Cumplimiento de la Ley
  7. Categoría Gestión Ambiental Efectiva
  8. Categoría Incidencia Pública
  9. Categoría Inclusión Social
  10. Categoría Movilidad y Espacios Públicos
  11. Categoría Nutrición Materno-Infantil
  12. Categoría Predictibilidad de los Procesos Regulatorios
  13. Categoría Promoción de la Cultura e Identidad
  14. Categoría Promoción del Desarrollo Económico
  15. Categoría Relación con la Prensa
  16. Categoría Seguridad Ciudadana
  17. Categoría Servicio de Atención al Ciudadano
  18. Categoría Servicios Privados de Interés Público
  19. Categoría Simplificación de Trámites
  20. Categoría Sistemas de Gestión Interna
  21. Categoría Transparencia y Acceso a la Información
  22. Otras Mejoras en la Gestión Pública

Premios Especiales 2018

  1. Premio Especial de Datos Abiertos en la Gestión Pública
  2. Premio Especial a la Gestión Municipal contra la Anemia y Desnutrición en la Primera Infancia
  3. Premio Especial a la Innovación Pública

Descripción de las categorías

  1. Categoría Compras Públicas Eficientes

    Esta categoría reconoce a todas aquellas iniciativas que contribuyen a que la entidad cuente con mejoras en sus procesos de provisión de bienes y servicios de terceros que generen mayor transparencia, oportunidad y reducción de costos, a la par que mantengan o superen la calidad de los bienes y servicios adquiridos. Dichas iniciativas se refieren a procesos que facilitan una leal y honesta competencia en el mercado de proveedores del Estado; ello supone mejoras sistémicas en los procesos de la cadena de abastecimiento de bienes y servicios, así como en la contratación de obras; también la innovación, diseño y aplicación de mejoras durante las actuaciones preparatorias y la ejecución contractual, que generen valor para la institución y para los usuarios.

  2. Categoría Consulta y Participación Ciudadana

    Esta categoría incluye todas las experiencias que demuestran esfuerzos por recoger la voz ciudadana y canalizarla hacia acciones que contribuyan a mejorar la gestión y monitoreo de los servicios que brinda la entidad. Es decir, iniciativas que demuestren interés y efectividad en que la ciudadanía participe, colabore y sea parte activa de la gestión institucional. Dichas iniciativas incluyen la incorporación de medidas para incentivar, motivar y facilitar esta participación, así como la organización de diversas actividades como talleres, audiencias, consultas públicas, entre otras, que acerquen el Estado al ciudadano y garanticen que su voz sea escuchada.

  3. Categoría Cooperación Público - Privada

    Esta categoría refiere a la implementación de programas y proyectos en los cuales el sector público y las empresas privadas suman esfuerzos en pos de un objetivo común que beneficia a la ciudadanía. Gracias a estas alianzas, las organizaciones comparten responsabilidades, recursos económicos, expertos y/o conocimiento, a fin de que el impacto de sus acciones genere mayor bienestar y desarrollo económico que si actuasen de manera individual o aislada. Esta categoría no comprende donaciones ni relaciones de tipo vertical, es decir, relaciones en donde la empresa es obligada a colaborar a cambio de una licencia social. Es importante mencionar los esfuerzos de alguno de los actores, público o privado, por llegar al otro y convencerlo de invertir esfuerzos en beneficio de la ciudadanía, así como la división de roles y recursos que se acordaron para llevar a cabo la iniciativa. Se buscará identificar y reconocer, específicamente experiencias que involucren el trabajo desarrollado por entidades públicas y empresas privadas.

  4. Categoría Cooperación Público - Publica

    Esta categoría refiere a la implementación de programas y proyectos en los cuales las entidades del sector público, provenientes de los distintos poderes del Estado y a distintos niveles de gobierno (nacional, regional o local) suman esfuerzos en post de un objetivo común que beneficia a la ciudadanía. Gracias a estas alianzas, las entidades públicas comparten responsabilidades, recursos económicos, expertos y/o conocimiento, a fin de que el impacto de sus acciones genere mayor bienestar y desarrollo económico que si actuasen de manera individual o aislada.

  5. Categoría Educación

    Esta categoría incluye iniciativas orientadas a fortalecer el proceso de formación y aprendizaje, mediante la implementación de mecanismos, programas y/o proyectos orientados a mejorar la educabilidad de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, así como a potenciar la educatividad de los maestros y facilitadores. Dichas experiencias incluyen propuestas innovadoras de aprendizaje, inclusión de otros sectores y actores en el proceso educativo, mejoras en la gestión pedagógica, promoción de valores y hábitos para una vida saludable, participación activa de los educandos, que se hayan dado, tanto al interior de aulas de educación básica, secundaria o superior, como en otros espacios importantes para el desarrollo social, cultural y cívico de la persona.

  6. Categoría Fiscalización y Cumplimiento de la Ley

    Esta categoría se refiere a iniciativas que implican mejoras en la gestión en uno o varios procesos específicos de la entidad que contribuyan al incremento de la formalidad, legalidad, conocimiento y exigencia de deberes y derechos, así como respeto a las normas por parte de la ciudadanía, tanto a nivel de personas naturales como jurídicas. Dichas iniciativas incluyen los esfuerzos que realiza la institución, de manera individual o a través de convenios con organismos públicos o privados, con la finalidad de hacer más eficiente la fiscalización y cumplimiento de la ley, según su competencia y ámbito de intervención.

  7. Categoría Gestión Ambiental Efectiva

    Esta categoría abarca iniciativas que muestren prevención o reducción del impacto negativo de la actividad humana en el ambiente, experiencias que muestren un manejo adecuado de los ecosistemas de nuestro país, manejo y prevención de desastres naturales, así como prácticas de gestión pública que contribuyan a la protección ambiental, a la conservación de recursos y, gracias a ello, al bienestar ciudadano. Dichas iniciativas pueden ser acciones relacionadas con el ejercicio de las funciones políticas, normativas, promotoras, informativas, fiscalizadoras o sancionadoras, como también aquellas cuyo objetivo sea el mejoramiento de las prácticas ambientales internas de la misma entidad.

  8. Categoría Incidencia Pública

    Esta categoría se refiere a experiencias orientadas a lograr el consenso ciudadano necesario para poder modificar uno o varios aspectos del marco institucional vigente, así como para promover el cumplimiento de este. Dichas iniciativas incluyen campañas o programas de sensibilización dirigidas al conjunto o sector de la población al que se desea beneficiar; puede darse en la fase inicial, intermedia o final de una reforma estructural de gran impacto económico y social en el largo plazo en cualquiera de los sectores estatales, en la que los procesos optimicen la implementación de políticas públicas para que éstas a su vez mejoren el entorno económico y social de los ciudadanos y ciudadanas.

  9. Categoría Inclusión Social

    Esta categoría se refiere a actividades orientadas a mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables o cuyos derechos básicos han sido vulnerados, buscan reducir las brechas actuales en cobertura y calidad de servicios públicos, así como a aquellas iniciativas que trabajan para el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan la inclusión social de dichos grupos. Estas iniciativas incluyen acciones que demuestren una mayor conciencia y responsabilidad de diversas instituciones públicas en beneficio de dichos grupos, aun cuando no trabajen directamente con los mismos. Estas iniciativas incluyen el desarrollo de prácticas que planteen la protección, desarrollo, participación e involucramiento de grupos vulnerables, en particular, niñas, niños y adolescentes mujeres, ancianos y personas con discapacidad en condición de exclusión y pobreza extrema, en los espacios de toma de decisiones. Asimismo, experiencias que incorporen la protección y promoción de los derechos humanos, con especial énfasis en el derecho a la supervivencia; el desarrollo pleno; la reducción de la mortalidad materno infantil; el acceso universal a la educación básica de calidad; la equidad de género; la protección contra las influencias peligrosas, contra el maltrato y la explotación; a la participación en la vida familiar, cultural y social, entre otros.

  10. Categoría Movilidad y Espacios Públicos

    Iniciativas que evidencien destacados resultados en la transformación de espacios públicos para la mejora en la calidad de vida de las personas, aportando así a la construcción de ciudades inclusivas y sostenibles, promoviendo un modelo de urbe desde y para las personas, con espacios públicos seguros y universalmente accesibles; así como también sistemas de movilidad sostenibles (caminabilidad, transporte no motorizado y transporte público). Se valorará que estas buenas prácticas estén enmarcadas en procesos de planificación urbana que garanticen su constante evaluación y continuidad.

  11. Categoría Nutrición Materno-Infantil

    Esta categoría reconoce las experiencias que buscan asegurar condiciones básicas que contribuyan a la alimentación y bienestar nutricional de una población determinada, a fin de contribuir a la salud, desarrollo y crecimiento de todos los niños y niñas de nuestro país. En ese sentido, dichas iniciativas deben buscar eliminar alguno de los determinantes de la desnutrición materno-infantil: dieta pobre en calidad y cantidad, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias y la incidencia de bajo peso al nacer y promover los buenos hábitos de alimentación e higiene.

  12. Categoría Predictibilidad de los Procesos Regulatorios

    Esta categoría se refiere al desarrollo y promoción de mecanismos esenciales para que empresas y ciudadanos en general puedan planificar su futuro y tener la certeza de que sus decisiones de consumo e inversión no serán amenazadas por cambios inesperados en el ambiente regulatorio. Estos mecanismos ayudan a mantener estabilidad en la regulación y fiscalización de empresas y ciudadanos; ello implica, por ejemplo, tener marcos regulatorios claramente definidos, asegurar la provisión de información adecuada, ser transparente con la comunicación y contar con cronogramas. La predictibilidad es especialmente relevante en el caso de la regulación de servicios públicos, pero debe ser promovida tanto por los organismos públicos reguladores, como por las demás entidades del Estado encargadas de formular políticas en mercados caracterizados por externalidades o bienes públicos, tales como los relacionados al medio ambiente, competencia, seguridad industrial y ciudadana, sanidad, y bienestar social.

  13. Categoría Promoción de la Cultura e Identidad

    Esta categoría reconoce los esfuerzos por propiciar la creación, asegurar el acceso y facilitar procesos de democratización de la cultura, la reafirmación los valores culturales de las comunidades locales, regionales y nacionales, la generación de oportunidades de desarrollo y construcción de ciudadanía, así como la conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio cultural de nuestro país. En ese sentido, dichas iniciativas incluyen la implementación de medidas, servicios, actividades y/o estrategias que contribuyan al desarrollo cultural de las comunidades, el establecimiento de condiciones, mecanismos, y herramientas para su uso social y económico, elevando de esta forma la calidad de vida de estas.

  14. Categoría Promoción del Desarrollo Económico

    Esta categoría reúne aquellas acciones que realizan entidades públicas para crear las condiciones necesarias para facilitar la iniciativa privada, el acceso a los mercados y el desarrollo sostenible de la comunidad bajo el alcance de la entidad postulante. En ese sentido, la promoción del desarrollo económico incluye la implementación de medidas, servicios, actividades y/o estrategias que contribuyan al desarrollo sostenible de la comunidad, la generación de capacidades, la articulación con otros actores y mercados, haciendo más competitiva la zona de incidencia de la institución.

  15. Categoría Relación con la Prensa

    Esta categoría incluye todos los esfuerzos que realizan las entidades públicas para mantener una relación transparente y eficiente con los medios de comunicación, entendiendo que es una forma complementaria, pero fundamental, de acercarse, informar e involucrar eficientemente a la ciudadanía para servirla cada vez mejor. Esta adecuada relación, entre periodistas y entidades públicas, supone la construcción de un vínculo de calidad que esté caracterizado por el respeto y equidad, la transparencia y honestidad, la eficiencia y cordialidad, y pluralidad y servicio.

  16. Categoría Seguridad Ciudadana

    Esta categoría reúne los esfuerzos realizados por entidades públicas para asegurar que los ciudadanos y ciudadanas puedan convivir de manera pacífica, se encuentren libres de todo tipo de violencia o intentos de violencia, así como evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. Dichas iniciativas incluyen la implementación de programas, medidas, actividades y estrategias creativas para la prevención y/o solución de problemas de inseguridad ciudadana ya desatados, así como la articulación con diferentes actores de la sociedad y la promoción de la participación e involucramiento de forma ordenada de la población.

  17. Categoría Servicio de Atención al Ciudadano

    Esta categoría se refiere a las políticas, acciones y sistemas que una institución implementa para entablar la mejor relación posible con la ciudadanía, buscando garantizar la calidad de la información brindada y del trato ofrecido, así como para llevar a cabo el servicio solicitado con la mayor fluidez, velocidad, eficiencia, cordialidad y efectividad posible. Ello supone la implementación de diversos canales de atención personalizada o plataformas de atención al ciudadano (ventanillas de atención presencial, oficinas descentralizadas en proporción al territorio, atención no presencial telefónica, electrónica o a través de redes sociales, entre otros), así como mecanismos que permitan lograr que la ciudadanía sea atendida en el mínimo tiempo posible, que los pedidos y consultas se resuelvan teniendo en cuenta quien las solicita, que se les trate con amabilidad y que, en general, la cultura de la institución esté orientada a facilitarle el proceso al ciudadano.

  18. Categoría Servicios Privados de Interés Público

    Esta categoría está orientada a reconocer las iniciativas que implementan las empresas privadas que brindan servicios públicos de interés ciudadano para garantizar que quienes hagan uso de ellos reciban un servicio de calidad que vaya mejorando y superando sus propios estándares con el tiempo. Son iniciativas que desarrollan mejoras en aspectos tales como el proceso de atención al público, la información que se proporciona a los ciudadanos, los sistemas de atención de quejas y reclamos, la infraestructura para brindar el servicio, los mecanismos de transparencia y promoción de la integridad, entre otros. Asimismo, se busca identificar y reconocer las experiencias que prioricen la inclusión de grupos y personas en situación de vulnerabilidad que no se encuentren en igualdad de oportunidades para acceder al servicio de atención.

  19. Categoría Simplificación de Trámites

    Esta categoría comprende todo esfuerzo que realice una institución pública para que, en sus centros de atención, las personas – naturales y jurídicas– puedan efectuar de forma sencilla, amigable y rápida, los trámites necesarios para continuar con su quehacer diario. Ello supone proporcionar información de útil y de calidad para el ciudadano, así como la reducción de las principales variables que afectan al ciudadano y al funcionario al momento de gestionar un trámite: número de pasos, costos, requisitos y plazos. Adicionalmente, dichas iniciativas deberán cuidar que el procedimiento no solo sea eficiente, sino que sea consistente con el marco legal vigente y se pueda realizar, según las capacidades y recursos de la institución.

  20. Categoría Sistemas de Gestión Interna

    Esta categoría se refiere a la implementación de sistemas de gestión que busquen mejorar o incrementar la eficiencia interna de la institución en beneficio del ciudadano. Ello supone, el desarrollo de prácticas o la utilización de herramientas que, a nivel administrativo, financiero, laboral, tecnológico o comunicacional, satisfagan los requerimientos de un “cliente interno” y/o mejoren la gestión de uno o varios procesos específicos de la entidad, para que ésta pueda cumplir mejor su misión de servir a la ciudadanía.

  21. Categoría Transparencia y Acceso a la Información

    Esta categoría comprende toda práctica que contribuya a un mayor y mejor acercamiento entre una institución pública y los ciudadanos, a través de una mayor transparencia, difusión, acceso, uso y re uso de la información estatal. Ello implica desarrollar actividades que aseguren que el ciudadano cuente con información de calidad, completa y oportuna, fácilmente accesible y entendible sobre la actividad que realiza la institución, así como una estructura de responsabilidades clara. Asimismo, debe incluir mecanismos de actualización constante, así como con mecanismos ágiles y efectivos de interrelación e interpelación para contribuir a una efectiva rendición de cuentas y comunicación eficaz entre el ciudadano y la administración pública.

  22. Otras Mejoras en la Gestión Pública

    En esta categoría podrán postular las instituciones que consideren que sus prácticas no se ajustan a la descripción de alguna de las veinte categorías anteriormente descritas y no sepan en cuál de ellas participar. De esta forma, solicitan al Equipo Técnico, que, tras analizar los expedientes, decida en qué categoría de las ya existentes debe ser ubicada.

Premios Especiales 2018

Para la presente edición del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública se han considerado los siguientes premios especiales:

  1. Premio Especial de Datos Abiertos en la Gestión Pública

    Se refiere a aquellas prácticas vinculadas con la recopilación / producción de datos por parte de las entidades de la administración pública en el ejercicio de su función, que son puestos a disposición de los ciudadanos en forma gratuita y en un formato que puede ser procesado por una máquina, sin limitaciones de derechos de propiedad intelectual, pero resguardando la atribución y autenticidad del dato. Dichos datos pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier persona con el fin de generar valor y bienestar en la sociedad.

  2. Premio Especial a la Gestión Municipal contra la Anemia y Desnutrición en la Primera Infancia

    Se refiere a aquellas prácticas llevadas a cabo por los gobiernos municipales de manera articulada, orientados a disminuir la anemia y desnutrición en la población entre cero a 5 años.

  3. Premio Especial a la Innovación Pública

    Este premio busca reconocer propuestas de solución empáticas de alto impacto para el ciudadano, desarrolladas bajo un enfoque de innovación centrada en las personas, el cual fomenta el trabajo colaborativo con diversos actores involucrados en el problema, la búsqueda de soluciones originales, la experimentación a través de la exploración de posibles soluciones y finalmente, la reflexión al construir la solución a partir de aprendizajes obtenidos a partir de la interacción con usuarios.

Para postular a los Premios Especiales, las entidades interesadas deberán postular a una de las categorías descritas en la sección VII. Descripción de las Categorías y llenar los anexos correspondientes a los Premios Especiales en el Informe de Postulación.